La corrupción de los poderes públicos y empresariales, de la que nos está llegando noticia y escándalo casi a diario, produce dos tipos de daño.

En primer lugar, está el daño económico para el bolsillo de todos los ciudadanos, que puede llegar a ser astronómico, como es el caso de las prácticas colusivas en las licitaciones del sistema ferroviario durante los últimos veinte años, que ahora ha salido a la luz, aunque seguramente era bien conocido por muchos y es solo la punta de un colosal iceberg que afecta a la contratación pública como un todo.

Pero en segundo lugar, y no menos grave, está el daño moral. Porque cuando el ciudadano tiene noticia de estos escándalos, ya se trate de la estafa colectiva de las llamadas acciones preferentes, o el rescate de las instituciones financieras, o las hazañas en las tenebrosas cloacas policiales, la conclusión general es que no tenemos remedio, que nuestro país ha sido siempre y será el reino de la canalla y la picaresca.

Ahora bien ¿es esto último cierto? ¿somos peores que los demás? ¿cómo lo saben los que tal cosa afirman? ¿conocen en detalle y de forma cuantificada lo que ocurre en los países de nuestro entorno? Y aún más ¿hemos sido peores siempre, desde hace siglos, en virtud de algún fatalismo social inevitable?

Yo no lo creo. 

Pero si me aventuro a plantear alguna hipótesis que puede explicar, en parte, alguna de nuestras constantes históricas más tristes. Incluyendo la picaresca y el desprecio a la ley y la irrelevancia del interés colectivo.

La España tardorromana y visigótica no se entiende sin la tensión entre el catolicismo ortodoxo y el arrianismo; una herida seguramente mal curada. Siglos más tarde, sobreviene otra tensión aún más profunda entre la cruz, la medialuna y la estrella de David.

Tal vez como consecuencia de esta secular conflictividad ideológica, religiosa, étnica y cultural que se ha vivido en la Península Ibérica, y no en igual medida en otros países europeos, la hegemonía eclesiástica fue creciente aquí, especialmente a partir de la Baja Edad Media.

La Iglesia se va erigiendo en poderoso guardián de nuestra ortodoxia, velando para preservar la salud moral en este territorio de viejas herejías, de moriscos y de judaizantes. 

Y ese papel de vigía se afirma aún más cuando los vientos de la Reforma y el humanismo soplan en Europa y tenemos nosotros la desgracia de que los primeros austrias que nos gobiernan se convierten en adalides de Roma y su ortodoxia. Comenzando por el Emperador Carlos, no se esfuerzan estos monarcas, como sí lo hacen sus colegas europeos, en delimitar la frontera entre el poder del rey y el de la Iglesia, sino más bien en unir o confundir ambas hegemonías, apegados a la idea de un imperio sacro unificado del que todo poder debería emanar.

De modo que ahí tenemos una posible explicación del déficit español de Estado, a saber, el poder e influencia anómala que adquiere aquí la Iglesia y que se extiende hasta bien entrado el siglo XX, con el nacionalcatolicismo franquista y el Generalísimo eligiendo obispos, entrando en los templos bajo dosel y diseñando su faraónico panteón-monasterio.

De esa hipertrofia de lo eclesial, se derivaría la debilidad cronica del aparato estatal en España, que se habría de manifestar en muchos ámbitos de la vida social. 

El gigantismo de lo eclesiástico sería el factor que explicaría el raquitismo del Estado y todas sus ramas.

No hemos tenido aquí, por ejemplo, una actividad educativa y de investigación científica como la que han desarrollado otros países europeos, pues la Iglesia controló siempre y determinó a su antojo el mundo de la enseñanza y la universidad. Cuando en La Sorbona o en Oxford se enseñaba matemáticas y ciencias naturales, en Salamanca lo que privaba era Teología y Etica.

Otro ejemplo sería la Justicia, que desde siempre ha estado descuidada y prostituida en estas tierras, y acaso pudiera tener algo que ver con ello la singular concesión a la Iglesia de un aparato penal implacable, desde la creación genuinamente española, de la Santa Inquisición como institución imbricada en el Estado mismo. Es una especulación, pero puede tener fundamento.

En este sentido, y con respecto a la justicia, hice referencia hace unos días un jocoso soneto de Quevedo relativo a la venalidad de los jueces. Pero es que me doy cuenta de que la literatura española del siglo de oro está llena de referencias a ese problema crónico. Desde las páginas de Rinconete y Cortadillo a la famosa carta-denuncia que el Licenciado Pozas dirige al Cardenal Niño de Guevara, pasando por el Guzmán de Alfarache, donde se dice que “la calle de la justicia es ancha y larga y puede con facilidad el juez ir por donde  quisiere…puede francamente alargar el brazo y dar la mano y aun de manera que se le quede lo que pusiéredes en ella…

No se. Quizá veo visiones cuando pienso que es el histórico poder excepcional de la Iglesia en nuestra tierra, desde hace más de mil años, lo que ha determinado nuestras múltiples deficiencias en términos de organización social, en comparación con nuestros países vecinos. 

Además, en cualquier caso, se trataría de algo ya periclitado, que no debería influir en nuestro presente, y menos aún en nuestro futuro.

Pero la idea no se me va de la cabeza. Y se refuerza mi convicción con el más pequeño detalle o pista que me sugiere estar en lo cierto.

Déjame, amable lector, ponerte un par de ejemplos mas bien tontos.

¿Cuál fue el primer vagido de la lengua francesa? 

Pues los Serments de Strasbourg, es decir, un contrato militar (entre Carlos el Calvo y Luis el Germánico) en el siglo IX.

Y ¿cuál fue el primer vagido de la lengua castellana?

Pues fue una oración, escrita por un monje de San Millán, en el siglo X.

Y otro más, si gustas, ¿con qué imágenes nació el cine en Francia?

Pues con la llegada de un tren a la estación de La Ciotat, en 1895.

Y, ¿cuál fue la primera escena cinematográfica que se rodó en España?

Pues fueron unas imágenes que mostraban a una nutrida multitud saliendo de la Basílica del Pilar en Zaragoza (1896).

No podía ser de otro modo. A lo mejor tengo razón.

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