Veo un reportaje en televisión sobre las protestas de los agricultores. El reportero pasa revista a diferentes productos agrícolas (patatas, pepinos, pimientos…) y se escandaliza de cómo cambia el precio final en el hipermercado con respecto al precio pagado en origen.
–¡El precio de la patata se multiplica por 7,35!–clama el plumilla–¡el de la cebolla se multiplica por 7…¡el de los ajos por 5,36…!
Y con datos como estos, debidamente apoyados por llamativas sobreimpresiones, el plumilla de la pantalla considera que está poniendo de manifiesto un verdadero escándalo social.
Lo que está poniendo de manifiesto es su ignorancia supina en matemáticas y está dando un ejemplo perfecto de lo que John Allen Paulos llamaba el «hombre anumérico».
El periodista ignora, al parecer, que los costes de distribución de los productos agrícolas son esencialmente los mismos para todos los productos que tienen el mismo peso específico y las mismas características de exigencias en el transporte y almacenaje. Siendo esto así, el impacto relativo en el precio final de los costes de distribución es enorme para los productos de bajo precio en origen, y mucho más moderado para los productos de precio superior. Es algo que va de suyo. Es algo de pura aritmética.
Decir que el precio de la cebolla se multiplica por 7 no tiene por qué significar otra cosa sino que el precio en origen de la cebolla es muy bajo. Si algo tuviese un precio en origen tan bajo como, digamos, 1 céntimo, el precio final posiblemente sería cien o doscientas veces mayor. Y eso no significaría que procediese asaltar la Bastilla.
Nada se puede objetar frente a las protestas de los agricultores y ganaderos. Son, paradójicamente, una especie de nuevos proletarios, pese a que, en esencia, vienen a ser todo lo contrario, pues todos ellos son técnicamente terratenientes y capitalistas (recordemos que capital y cabeza–capita–de ganado están en relación etimológica). Son víctimas impotentes de la ceguera neoliberal y de la globalización empobrecedora, y dan forma a una insólita versión contemporánea de los siervos medievales de la gleba. Tienen por tanto todo el derecho a clamar.
Pero a lo que no tienen derecho, ni ellos ni, muy especialmente los medios o los políticos que tratan de explotar esta nueva beligerancia, es a desafiar la lógica con falacias pueriles.
Tampoco tienen derecho, por cierto, a pedir «precios justos«. Los precios no son ni pueden ser justos. Son simplemente precios. Cuando se interviene sobre ellos en aras de la justicia, dejan de ser precios y se convierten, al menos parcialmente, en tasas o impuestos. Impuestos que en muchos casos recaerán a su vez, finalmente y como casi siempre, sobre los más débiles.
La justicia social y la redistribución rara vez puede ser algo que se aplique mediante una actuación pública sobre los precios. Existen otros medios. Si, por ejemplo, se actúa para fijar precios mínimos en origen de la patata y los huevos, es bastante obvio que eso supondrá una tortilla de patatas sustancialmente más cara para los ciudadanos (incluyendo entre esos ciudadanos a los que acaban de disfrutar de la subida del salario mínimo). Estaremos por tanto transfiriendo renta desde un grupo social a otro, y haciéndolo de una manera nada progresiva, por cierto.

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